• Alrededor de un centenar de personas se ha concentrado este viernes a las puertas de la sede principal de la empresa en Marbella para protestar por la situación del personal eventual afectado
Málaga, 15 de marzo de 2019
CSIF Administración Local Málaga se ha movilizado este viernes a las puertas de la sede principal de Acosol en Marbella para exigir la readmisión de los trabajadores eventuales que fueron despedidos de manera improcedente y a los que los tribunales están dando la razón. Alrededor de un centenar de personas, entre trabajadores afectados y compañeros que han querido mostrar su respaldo, ha participado en la concentración, que es la primera del calendario de movilizaciones acordado por CSIF en protesta por la situación.
CSIF recuerda ya son ocho las resoluciones judiciales que determinan la improcedencia de los despidos, posibilitando los fallos judiciales la readmisión o la indemnización del trabajador. Sin embargo, la dirección de la empresa ha optado de forma discriminatoria entre la indemnización o la readmisión según quién sea el trabajador afectado o cuáles sean sus vinculaciones sindicales.
Para este sindicato, que exige la readmisión de los trabajadores en esta situación, se está discriminando al personal eventual al no reconocer el derecho a la readmisión por igual a todos los trabajadores afectados.
Del mismo modo, CSIF denuncia la nula voluntad negociadora de la dirección de la empresa, que ni siquiera ha dado respuesta a la propuesta de readmisión que le ha sido facilitada, al tiempo que recuerda cuál debe ser el impulso y objetivo de los poderes públicos, no sólo desde el prisma social de una injusticia reiterada, sino además, desde los costes económicos que las mismas alcanzarán.
Estos costes superan los 100.000 euros hasta la fecha, sumando indemnizaciones y salarios de tramitación para readmisiones o nulidades. Las cantidades económicas se abonarán con dinero público, pese a que la situación es producto de una pésima gestión en materia de recursos humanos en la empresa pública, que además entorpece las políticas de estabilidad y consolidación de empleo promovida por la administración pública y el ordenamiento jurídico.