Marbella, 24 de enero de 2017.- El Ayuntamiento va a solicitar a la asesoría jurídica externa un dictamen para que determine las acciones legales a emprender por la supuesta contratación irregular de doce cargos de confianza durante la etapa del anterior Equipo de Gobierno del Partido Popular.
El portavoz del Ejecutivo local, Javier Porcuna, ha anunciado que la Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy dar traslado a una propuesta del alcalde, José Bernal, “para instar a la Fiscalía o los órganos judiciales que correspondan para exigir responsabilidades penales, civiles o patrimoniales por el daño acreditado al Ayuntamiento tras el reconocimiento de relaciones laborales indefinidas del personal de confianza o alta dirección contratado durante el mandato de la exalcadesa Ángeles Muñoz”.
Porcuna, que ha comparecido junto al responsable de Personal, Daniel Pérez, ha explicado que “una vez que se ha determinado por parte de distintos juzgados que se produjo una serie de fraudes de ley en estas doce contrataciones –que han derivado en dos indemnizaciones, dos acuerdos y ocho readmisiones- se va a estudiar en qué tipo de infracción podría haber incurrido Ángeles Muñoz como máxima responsable y ante qué autoridad se debe interponer la correspondiente reclamación o denuncia”.
Ha recordado que el Ayuntamiento también cuenta con un informe del Consejo Consultivo “avalando que estas contrataciones se hicieron sin transparencia, sin concurso y, en algunos casos, sin la titulación preceptiva para el cargo que se ocupaba”.
Ha especificado que “en todos los casos los contratos se realizaban a través de empresas públicas u organismos autónomos locales pero los trabajadores cumplían sus funciones en el Ayuntamiento” y ha señalado que “la mayor parte de estos contratos están firmados por Ángeles Muñoz como consejera delegada cuando debería haber correspondido al consejo de administración de esas sociedades”.
Porcuna ha indicado que “se ha esperado a que las sentencias sean firmes porque se pone de manifiesto que Ángeles Muñoz ocupó espacios y firmó documentos que no le correspondían”.
“En algunos casos, esos trabajadores han aportado cartas de recomendación firmadas por la exalcaldesa que corroboran que estaban trabajando para el Ayuntamiento y, en otros, intercambios de correos electrónicos en los que se les daban instrucciones sobre las labores que debían desempeñar en el Consistorio”, ha explicado Porcuna, asegurando que “todas esas pruebas están incorporadas a las sentencias que les han permitido volver al Ayuntamiento y serán utilizadas ahora en las acciones legales que se emprendan”.
Porcuna ha precisado que el Ayuntamiento, en una aproximación inicial a falta de una valoración definitiva, estima en alrededor de 400.000 euros el perjuicio patrimonial que ha sufrido por esta situación, de los que 100.000 corresponden a indemnizaciones ya pagadas o pendientes de pagar y el resto a salarios de tramitación del periodo en el que se han desarrollado los juicios laborales.
El portavoz ha subrayado que “este Equipo de Gobierno no puede dejar pasar esta situación sin investigar y sin denunciar, porque son personas que han entrado en el Ayuntamiento por la puerta de atrás y hay una responsable máxima que es Ángeles Muñoz como alcaldesa y como consejera delegada o presidenta de los consejos de administración de las distintas empresas municipales u organismos autónomos locales”.
