El secretario de Estado de Hacienda destaca que con la aprobación de los Presupuestos, el acuerdo para que los bienes incautados reviertan en Marbella adquirirá rango de ley  La alcaldesa ha subrayado que esta medida excepcional “tiene la misma trascendencia que la contemplada en las cuentas de 2012, con la que se evitó la quiebra del Ayuntamiento”

El secretario de Estado de Hacienda destaca que con la aprobación de los Presupuestos, el acuerdo para que los bienes incautados reviertan en Marbella adquirirá rango de ley La alcaldesa ha subrayado que esta medida excepcional “tiene la misma trascendencia que la contemplada en las cuentas de 2012, con la que se evitó la quiebra del Ayuntamiento”

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Marbella, 23 de abril de 2018.- El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha visitado hoy el Ayuntamiento para presentar la disposición final del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), en tramitación parlamentaria, que posibilita que los bienes incautados en causas judiciales por corrupción y con sentencia firme reviertan en la ciudad. El responsable ministerial ha subrayado que con la aprobación de las cuentas, el acuerdo adquirirá rango de ley y ha destacado “la sensibilidad especial del Gobierno de España con Marbella”.

Fernández de Moya ha resaltado también “el trabajo decidido y sobresaliente de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, y del equipo de Gobierno para llevar a cabo una resolución de una situación compleja” y ha asegurado que la disposición final contempla “que el Ayuntamiento, mediante acuerdo del Pleno, pueda excluir de la regla general de afectación al pago de la deuda fraccionada pendiente, tanto con Hacienda como con Seguridad Social, los bienes y derechos que con carácter indemnizatorio se asignen a la administración local para destinarlos, en este caso, a la prestación de servicios públicos municipales sin que ello suponga una aminoración de la deuda contraída”.

También posibilita “la solicitud a la Administración General del Estado la cesión gratuita de bienes y derechos que se le asignen con carácter indemnizatorio mediante sentencias judiciales para que estos queden destinados a la prestación de servicios públicos municipales” y se establece “la posibilidad de formalizar un convenio entre el Estado y el Ayuntamiento para financiar la ejecución de proyectos de fomento de actuaciones de utilidad pública o de interés social del municipio”.

La regidora, que ha estado acompañada en la rueda de prensa también por el subdelegado del Gobierno en Málaga, Miguel Briones, y por el concejal de Hacienda, Manuel Osorio, ha afirmado que se trata de “una gran noticia para la ciudad, que llevábamos mucho tiempo esperando y que hace justicia con Marbella”. “Si el acuerdo del año 2012 permitía al Consistorio evitar la quiebra, este es igual de importante para la ciudad, devolviendo los bienes y fondos al patrimonio del municipio para que puedan ser disfrutados por nuestros ciudadanos”.

Muñoz ha reiterado que el acuerdo posibilita que “los bienes afectados a sentencias firmes y que van a la Administración General del Estado puedan ser solicitados, desde el Ayuntamiento, para integrarlos dentro del patrimonio municipal y, además, habilita a las dos administraciones a firmar un convenio para que el Ministerio de Hacienda pueda financiar proyectos que la ciudad entiende como prioritarios”. En este sentido, tanto la primera edil como el secretario de Estado han avanzado que ambas instituciones empezarán de forma inminente a trabajar en un borrador del mismo para tenerlo adelantado de cara a la aprobación de las cuentas estatales.

Muñoz ha destacado “la sensibilidad del ministro Montoro, que en dos ocasiones se ha volcado con la ciudad con sendos acuerdos muy beneficiosos para los intereses de Marbella”. “Entendemos que con estos presupuestos se hace justicia a lo que se venía solicitando”, ha indicado la alcaldesa.

Por último, el secretario de estado de Hacienda ha destacado “el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento dentro de sus obligaciones para el pago de la deuda heredada”, con una amortización, entre 2012 y 2017, de 15 millones de euros con respecto a la Agencia Tributaria, dejando la cuantía actual en 20,3 millones de euros.