«El caso del club de playa en Banús guarda muchas semejanzas con el de la playa El Pinillo que ha supuesto la imputación del concejal de Urbanismo»
El Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía (IULV-CA) en el Ayuntamiento de Marbella solicita a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, que “responda a las preguntas formuladas por IU y aclare las numerosas incidencias urbanísticas y en materia de Industria abiertas a la mercantil propietaria de un club de playa en el entorno de Puerto Banús, envueltas en un velo de opacidad tras las diversas negativas a responder las preguntas formuladas por IU, tanto en el Pleno del pasado 31 de octubre, como mediante escrito presentado por Registro de Entrada Municipal el pasado 6 de noviembre”.
IU explica que esta mercantil es propietaria de un restaurante en la urbanización Villa Marina, sobre el que pesan numerosas sanciones por distintas infracciones abiertas en varios departamentos municipales, incluidos los de Urbanismo, Industria y Salud. Un caso en el que “el proceder del Ayuntamiento guarda muchas semejanzas con la actuación realizada en otro club de playa del municipio, el Funky Buddha Beach, en el que, a pesar de los decretos, expedientes sancionadores, multas y apercibimientos municipales, las obras construidas sin licencia se han consolidado y el negocio ha permanecido abierto y funcionado todo el verano; unas actuaciones que han motivado la imputación judicial del concejal de Urbanismo por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y contra la ordenación del territorio”.
La formación de izquierdas apunta que viene reclamado a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, “luz y taquígrafos”, para que aclare la situación de esta mercantil, cuyo establecimiento ha permanecido abierto durante toda la temporada desde 2013 a pesar de que:
-En octubre de 2012 vecinos de la urbanización Villa Marina solicitan la apertura de expedientes sancionadores por las infracciones cometidas en este establecimiento el 8 y 9 de junio de 2012 y denunciadas previamente por ellos.
-En febrero de 2013, el Juzgado de 1ª instancia ordenó la suspensión de las obras en este club de playa.
-En marzo de 2013 la Concejalía de Urbanismo decretó en dos ocasiones el inicio de expedientes sancionadores de reposición de realidad física alterada, por la realización, sin licencia, de una reforma de un club de playa y la construcción-reforma de una piscina, en zona de servidumbre del Dominio Público Marítimo terrestre y edificaciones auxiliares.
-En abril de 2013 el negociado de Industria les apercibió del incumplimiento de lo previsto en el Reglamento de Protección contra la contaminación acústica de Andalucía, por los niveles límites de inmisión de ruidos al ambiente exterior.
-También en abril de 2013, la jefa del servicio de Juegos y Espectáculos Públicos de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía, comunicó a esta mercantil que el restaurante explotado por ella, no estaba autorizado a emitir música pregrabada ni en el interior ni el exterior del establecimiento.
-En junio de 2013 el concejal de Industria Comercio y Vía Publica, inició expediente administrativo sancionador contra la citada mercantil, por carecer de documento de titularidad de aforo, y por desarrollar actividades musicales a pesar de que les fue denegado el permiso, y todo ello después de que en años anteriores, esta mercantil fuera sancionada con multas coercitivas por situaciones similares.
-En agosto de 2014 la concejala de Salud, consumo y servicios decretó iniciar expediente sancionador contra esta mercantil por la comisión de diversas infracciones sanitarias graves, ya que en base a un informe del Distrito Sanitario de la Costa del Sol la piscina construida incumplía lo establecido en el Real Decreto 742/2013 de criterios técnico-sanitarios de piscinas, y en el decreto 23/1999 del reglamento sanitario de piscinas de uso colectivo.
-La concejalía de Salud le advirtió de la imposición de 12 sanciones graves con una cuantía total de 72.121 euros, y le ordenó, que hasta que se subsanen las deficiencias sanitarias existentes, se legalicen las obras realizadas y se incluya la piscina en la licencia de apertura, se debería cesar de inmediato la actividad de la piscina de uso público y delimitarla mediante un cerramiento adecuado.
Para IU que “a pesar de todos estos Decretos, de la apertura de expedientes sancionadores y de los apercibimientos, la imposición de multas coercitivas y de los informes del Distrito Sanitario y de la jefa del servicio de juegos y espectáculos públicos de la Delegación de Gobierno de la Junta de Andalucía, el establecimiento haya estado abierto durante los veranos de 2013 y 2014, requieren unas explicaciones claras por parte del gobierno local”.
