Marbella, 5 de enero de 2016.- La Junta de Gobierno Local ha dado cuenta hoy, en su primera reunión del ejercicio de 2016, el acatamiento de la sentencia judicial que ordenaba al Ayuntamiento el cese de la actividad del Club de Pádel El Mirador.
El portavoz municipal, Javier Porcuna, ha asegurado que el Equipo de Gobierno “ha actuado de acuerdo a un requerimiento judicial recibido en el mes de diciembre aunque se trata de un procedimiento iniciado hace diez años”.
El edil ha explicado que el procedimiento responde a un conflicto entre un particular y el club deportivo debido a los ruidos. “En el mes de septiembre recibimos un requerimiento judicial para que el Ayuntamiento certificara si la empresa había adoptado las medidas para solucionar los problemas, comprobando que no se habían tomado e informando, posteriormente, al juzgado de la situación”.
En el mes de diciembre se vuelve a producir un nuevo fallo judicial, que es recurrible por la empresa afectada, en el que se ordena al Consistorio a decretar el cese de la actividad del club en el plazo de cinco días ya que en caso contrario se derivarían responsabilidades penales por desobediencia.
“Por tanto, el Ayuntamiento está obligado a acatar la sentencia y así lo ha hecho y ahora hemos informado a la Junta de Gobierno Local de estos trámites así como de la documentación que hemos remitido al juzgado de lo acontecido, organismo que es quien debe dictaminar la situación del club de pádel”, ha señalado.
El portavoz, que ha recordado que el Ayuntamiento también es parte demandada por no haber adoptada las medidas necesarias en los últimos años para el cese del ruido, ha informado, asimismo, del archivo del expediente abierto por la delegación de Urbanismo en 2010, durante el gobierno del Partido Popular, para la clausura de las dos pistas anexas a la vivienda del vecino.
Inversiones urbanísticas
Por otro lado, el Ejecutivo local ha comenzado el año aprobando nuevas licencias urbanísticas “en la misma tónica que el pasado ejercicio donde vieron luz verde proyectos por más de 134 millones de euros”.
La primera licencia acordada en 2016, por un valor de 1.247.000 euros, posibilitará la construcción de una vivienda unifamiliar en la urbanización Santa Margarita.
Porcuna ha manifestado que “pese a los retos urbanísticos que nos esperan, y que pasan por una solución transitoria y la redacción de otro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) más ambicioso, la fortaleza de la economía de Marbella sigue al alza con nuevas inversiones”.
