A raíz del reciente caso de “La Manada”, el movimiento feminista advierte de las carencias legislativas e institucionales en torno a las violencias sexuales. Por ello, la formación morada propone instar al gobierno a legislar recogiendo las demandas sociales sobre la protección del derecho a la libertad sexual y a una vida libre de violencias sexuales.
Podemos Marbella-San Pedro trasladará al pleno del Ayuntamiento la necesidad de una reforma del Código Penal en el ámbito de las violencias sexuales, las cuales están reconocidas en el Convenio de Estambul, y fue ratificado por el Estado. Sin embargo, hasta la fecha no ha habido consenso suficiente para trasponer las directivas y recomendaciones de los organismos internacionales para cada una de las violencias machistas recogidas en dicho convenio y por el Pacto de Estado.
Podemos confirma la existencia de un agravio comparativo en materia de legislación. Por lo que llama la atención y advierte de la peligrosidad, a día de hoy y en base a nuestra legislación y políticas actuales, de que una víctima como la del caso “La Manada” no pueda acreditarse como víctima de violencia de género según lo que recoge la Ley 1/2004, y por lo tanto:
no tenga derecho al acompañamiento,
ni priorizarse su domicilio en el proceso judicial,
ni que su caso se desarrolle en un juzgado especializado de violencia sobre la mujer,
ni acceso a las distintas prestaciones correspondientes a la tutela institucional propia del proceso de reparación de una víctima de violencia de género, tal y como lo estipula la ley 1/2004.
Todo ello a pesar de de que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), recomienda a los Estados parte expresamente que deben:
“Garantizar que las agresiones sexuales, en particular la violación, estén tipificadas como un delito que afecta al derecho a la seguridad personal y a la integridad física, sexual y psicológica y que la definición de los delitos sexuales, en particular la violación conyugal y por parte de un conocido o la violación en una cita, se base en la falta de libre consentimiento y tenga en cuenta circunstancias coercitivas. Las limitaciones de tiempo, en caso de que existan, deberían dar prioridad a los intereses de las víctimas y supervivientes y tener en cuenta las circunstancias que obstaculizan su capacidad para denunciar la violencia sufrida ante los servicios o autoridades competentes.”
La ONU en el marco de la CEDAW insta a España y al resto de países a legislar para cada forma de violencia en materia de:
Protección.
Enjuiciamiento y Castigo.
Reparaciones.
Coordinación.
Vigilancia y Recopilación de Datos.
Cooperación Internacional.
Por ello, mediante la moción que se eleva al pleno del próximo viernes, Podemos propone al mismo la adopción de las siguientes medidas:
Instar al Congreso de los Diputados y Diputadas a aprobar una Ley integral para la protección del derecho a la libertad sexual de las personas y a unas vidas libres de violencias sexuales.
Instar al Gobierno del Estado a dar cumplimiento de las medidas incluidas en el informe de la subcomisión para el Pacto de Estado contra la violencia de género en el plazo máximo de 3 meses.
Instar al Gobierno del Estado a dar cumplimiento a los compromisos económicos ratificados en el informe de la subcomisión para el Pacto de Estado contra la violencia de género en el plazo máximo de 3 meses.
Instar a al gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía a elaborar las reformas legislativas pertinentes para adaptar su normativa a lo establecido en el Pacto de Estado contra la Violencia de género.
En palabras de Sara Jiménez, asesora jurídica de Podemos Marbella: “El Derecho no puede permanecer estático y ajeno a la realidad social, y menos en un contexto de convulsión generado a raíz del fallo del caso “La Manada”, el cual ha puesto de manifiesto la legitimación de la cultura de la violación y el carácter patriarcal de nuestra legislación y administración de Justicia. No podemos permanecer ajenos a ello, necesitamos actuar y modificar esta realidad.”
