Morales: “La Renta Mínima Garantizada no cumple los requisitos mínimos para ser real y acabar con las situaciones de exclusión social, así como tampoco tiene la eficacia que debería tener para acercarse a cumplir este principio, pues su implantación en los territorios está siendo lenta, sin información y sin formación a los profesionales que han de tramitarla”
La Renta Mínima de Inserción Social en Andalucía, recogida en el Decreto-Ley 3/2017, de 19 de diciembre, y que regula la prestación económica orientada a la erradicación de la marginación, la desigualdad y la lucha contra la exclusión social, que la Junta ha llamado Renta Mínima Garantizada solo garantizará a 42.500 unidades familiares en 2018.
La Secretaria Local de Acción Política, Victoria Morales, considera que esta “Renta Mínima Garantizada no cumple los requisitos mínimos para ser real y acabar con las situaciones de exclusión social, así como tampoco tiene la eficacia que debería tener para acercarse a cumplir este principio, pues su implantación en los territorios está siendo lenta, sin información y sin formación a los profesionales que han de tramitarla”.
La implantación de este recurso “deja bastante que desear”, según Morales, “a día de la fecha los Trabajadores Sociales del Ayuntamiento de Marbella, entre otros encargados de tramitar el recurso, han recibido apenas hace una semana una sesión informativa, insuficiente y tarde teniendo en cuenta que está en vigor desde principios de año, por ello instamos a la Junta a que le dé la importancia que tiene este recurso y reconsidere la cuantía presupuestaria para dar cobertura a más personas y los requisitos tan restrictivos que no garantizan que todo aquel que tenga necesidades económicas graves pueda acceder al derecho”.
El Decreto Ley reconoce que Andalucía está entre las regiones con más alta tasa de riesgo de pobreza o exclusión social, con un 35,4%, tres millones de andaluces y andaluzas (fuente INE). A pesar de esta realidad, el Gobierno Andaluz ha establecido desde el inicio que podrán acogerse solo 42.500 unidades familiares en 2018.
“Si bien arrancamos el año con esta nueva modalidad económica vinculada a los colectivos más vulnerables, desde IU detectamos que tiene carencias graves que hace no cumplir los principios por los que se rige, entre ellos el que este derecho esté sujeto a las partidas presupuestarias del que se dote, de tal modo que si se agotan dichas partidas habrá personas que no puedan percibir esta renta mínima, con lo que no cubre a todos, sin embargo se relata que es una prestación mínima garantizada”, señala Morales.
“Y es que hay colectivos vulnerables con percepciones económicas de miseria que ni siquiera podrán optar a esta percepción, como son: Todos los trabajos con ingresos menores al IPREM (537,84 euros) no podrán optar a esta renta, las personas pobres con empleo no podrán acogerse a la renta. Tampoco todas las personas con pensiones que estén por debajo de esta Renta, podrán acogerse”, ahonda Morales.
Establece, este Decreto, como primer objetivo la disminución de la pobreza infantil. Sin embargo, el Informe realizado por SAVE THE CHILDREN sostiene que este tipo de Renta y su presupuesto, 198 millones de euros para 2018, no reducirá la pobreza infantil en más del 0,1%. La cuantía de la Renta está marcada por el IPREM, no por SMI. El IPREM para 2017 es de 537,84 euros y el SMI para 2017 de 707,60 euros.
“El IPREM que consideramos del todo insuficiente como coeficiente para tomar en cuenta para la designación de estas ayudas, como hicimos en la Delegación de Derechos sociales, con las ayudas económicas tomamos como coeficiente el SMI, antes con el gobierno del PP el coeficiente era el IPREM, el mismo que toma ahora la Junta como referencia”, recuerda Morales.
