Díaz: «Hay que salvar un millón de m2 de la especulación y fomentar que se implanten centros tecnológicos, logísticos y vivienda protegida»
El candidato de Izquierda Unida Los Verdes Convocatoria por Andalucía (IULV-CA) a la Alcaldía de Marbella y concejal, Miguel Díaz, marca como una prioridad para crear empleo y abrir la economía del municipio a nuevos sectores el desarrollo del Plan Guadaiza, un área de oportunidad de un millón de metros cuadrados que en “estos momentos está amenazado por proyectos especulativos y bajo la titularidad de algunos de los actores más influyentes del urbanismo del gilismo y el neogilismo, como Tomás Olivo, el propietario de La Cañada o los terrenos de la antigua Casona Sindical”.
Díaz considera fundamental propiciar un cambio del modelo productivo en Marbella ampliando la actividad económica hacia nuevos sectores como las nuevas tecnologías, el desarrollo de centros logísticos, de transportes o las energías renovables, unas actividades que según los planes de desarrollo deben asentarse en los terrenos del Guadaiza”.
Además de los centros tecnológicos y logísticos, que se verían muy favorecidos por el enclave estratégico en materia de comunicaciones, el desarrollo de estos planes reportaría “grandes superficies de terrenos para equipamientos públicos, especialmente vivienda protegida, por lo que desde IU promoveríamos una red de viviendas en alquiler social. Además, también podría contemplar equipamientos educativos, tanto de educación primaria, secundaria como universitaria”.
El candidato de IU alerta de que “si no hay una apuesta clara por desarrollar estas propuestas desde la participación, con una planificación democrática, como estamos decididos a hacer desde IU, serán otros los que se aprovechen de estas áreas de oportunidad para la especulación y para satisfacer ambiciones particulares, ya que son muchos los intereses que se ciernen sobre estos terrenos por su carácter estratégico y Ángeles Muñoz, que manda a su gobierno a cortar la cinta de las inmobiliarias de familia de Jesús Gil y permite que Olivo no compense los 40 millones que debería por sus obras contrarias a la legalidad urbanística en La Cañada, no da garantías de que los intereses particulares acabarán imponiéndose”.
