El portavoz municipal, Javier Porcuna, ha asegurado que tras un informe de la Asesoría Jurídica Municipal se ha llegado a esta decisión dado que la exregidora era consejera delegada de las sociedades y oales en las que trabajaban los demandantes y fue la responsable de firmar sus contratos
Marbella, 27 de octubre de 2015.- El Equipo de Gobierno de Marbella tomará medidas en contra de la exalcadesa, Ángeles Muñoz, en los casos en los que el Ayuntamiento sea perjudicado por las demandas interpuestas por los cargos de confianza del Partido Popular.
El portavoz municipal, Javier Porcuna, acompañado por el Asesor de Personal, Daniel Pérez, ha explicado que el Ayuntamiento tomará esa decisión tras un “exhaustivo informe elaborado por la Asesoría Jurídica Municipal”.
“En caso de acreditarse el daño causado al patrimonio social ante una posible actuación ilícita o antijurídica la ley permite actuar a las sociedades en contra de los administradores para resarcir los perjuicios que origine al Ayuntamiento”, ha señalado el edil.
De esta forma, la exregidora como consejera delegada de las sociedades y organismos autónomos en los que desempeñaban sus funciones los demandantes “podría tener que asumir responsabilidades en los casos que se condene al Ayuntamiento y se acredite un daño al patrimonio municipal en concepto de indemnizaciones u otras situaciones”, ha indicado.
El concejal ha anunciado que “se va proceder a solicitar a los juzgados de los Social en los que se han presentado las demandas que citen a declarar a Ángeles Muñoz como testigo por tres motivos más que justificados: Fue la que presidió los órganos que adoptaron la decisión de contratar; firmó como responsable de las sociedades los contratos, y tiene conocimiento directo e inmediato de las circunstancias que rodean cada una de las contrataciones”.
En este sentido, “tras la declaración de la exalcaldesa, el Ayuntamiento en función de los perjuicios que pueda sufrir tomará todas las medidas oportunas que contempla la ley”.
Porcuna ha recordado que el Equipo de Gobierno considera que los demandantes “son cargos de confianza del Partido Popular que habían sido camuflados en las sociedades y Oales para evitar que se abultara el número de trabajadores de libre designación de esta formación”.