La empresa ha suprimido de su denominación la palabra Universidad para pasar a llamarse Centro de Estudios y ha despedido a 15 profesores
Díaz: “Si como parece no es una Universidad, incumpliéndose el objeto del contrato, estamos ante un fraude del que Muñoz sería cómplice”
El candidato de Izquierda Unida-Los Verdes Convocatoria por Andalucía (IULV-CA) a la Alcaldía de Marbella, Miguel Díaz, solicita a la alcaldesa que “actúe para garantizar las condiciones del contrato con la empresa adjudicataria de la Universidad Privada de El Pinillo, tras conocer que se han despedido a 15 profesores en las últimas semanas, bajo el argumento del bajo número de alumnos y, lo que no es menos relevante, el crecimiento de las dudas legales en torno a la catalogación como universidad del centro, que aumentan al comprobarse como la empresa ha eliminado la palabra “Universidad” de su propia denominación, siendo un clara prueba el cartel anunciador del centro en el que desde su inauguración el pasado mes de octubre se podía leer: “Marbella International University Centre” y que desde hace unos días ha sido sustituido por otro que reza: “Marbella Internacional Studies Centre”.
Díaz razona que “la concesión, por 40 años y con un canon de solo 4.600 euros mensuales, de casi 11.000 metros cuadrados de suelo público, un edificio municipal de gran valor y en el que durante los años antes a la concesión se realizaron obras de mejora por valor de más de dos millones de euros con fondos públicos a una empresa se justificó por parte de la alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), en que Marbella ganaría en proyección al tener una universidad de prestigio, aunque fuese privada, y que se generarían 150 empleos directos, pero si la realidad nos muestra que se están despidiendo profesores por decenas y que ya no es una universidad sino un centro de estudios, esta concesión es un fraude y el gobierno local tiene que tomar cartas en el asunto para garantizar el interés general y el cumplimiento del contrato firmado”.
El candidato de IU pide a la alcaldesa que “se ponga del lado de la ciudad y de la legalidad” y le exige “explicaciones sobre los despidos y el cambio de denominación del equipamiento educativo, ya que si no es una universidad como hasta su propio ya deja claro que no es, estamos ante un fraude por parte de la empresa y si la alcaldesa lo conociera y lo estuviera permitiendo sería cómplice”.
Desde IU se recuerda que ya el pasado mes de octubre, cuando se produjo la inauguración de la Universidad, “trascendió que el centro incumplía lo previsto en el título octavo de la Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma Universitaria, para las universidades privadas. Entre ellos entre el artículo 58, que impone la necesidad de contar con el reconocimiento oficial de la Comunidad Autónoma en cuyo ámbito territorial esté establecida.
El candidato de IU lamenta que «con los escándalos en torno a este proyecto, Muñoz empañe la viabilidad de Marbella como emplazamiento de iniciativas educativas e inversiones de prestigio”. A la vez que lamenta que “conveniar con una universidad que no cumple con los requisitos legales no es el mensaje que necesita Marbella para captar buenos inversores. Es una irresponsabilidad por parte de la alcaldesa potenciar una institución educativa privada sin que cumpla todos los requisitos legales e incluso que la inaugure con su propia presencia aún sin que cuente con todos los permisos, autorizaciones y reconocimientos en regla y sin las garantías de que se están cumpliendo las condiciones de la concesión administrativa».
IU pide a la alcaldesa que actúe con urgencia para que se cumpla con el contrato firmado cuyo objeto es claro: “la gestión y explotación de un Centro de Estudios Universitarios”. Por tanto, si no es una universidad se incumple el contrato y procede su revisión. También es muy clara la cláusula Sexta del contrato firmado por la alcaldesa y el representante de la empresa en marzo de 2014 que estipula que “el Ayuntamiento fiscalizará la gestión del adjudicatario, a cuyo efecto podrá inspeccionar las instalaciones, funcionamiento y prestación y toda la documentación relacionada con el objeto de la concesión, y dictar las órdenes para mantener o restablecer la debida prestación, así como imponer al adjudicatario las correcciones por razón de la infracción que cometiere”.
