“Con estas alegaciones queremos garantizar la justicia social y los compromisos transformadores adquiridos con la gente”
El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha criticado esta mañana en rueda de prensa los presupuestos municipales sobre los que ha señalado que “están elaborados de espaldas a la ciudadanía” y ha anunciado la presentación de 5 alegaciones a los mismos por un valor de 5 millones de euros con las que “garantizar compromisos transformadores adquiridos con la gente”.
Estas alegaciones incluyen el mantenimiento del programa de presupuestos participativos con la misma dotación asignada con el gobierno anterior, esto es, 2 millones de euros para 2018, “políticas de justicia social eliminadas por el PP y OSP como la Oficina Antidesahucios, un plan para la eliminación de las barreras arquitectónicas en edificios municipales o la construcción de un Centro Juvenil”, ha señalado el portavoz de la formación, Miguel Díaz.
Presupuestos Participativos
Una de las alegaciones presentadas por Izquierda Unida se refiere a los Presupuestos Participativos para los que se pide una adición a los 700.000 euros del presupuesto aprobado inicialmente de 1.300.000 euros más, correspondientes a la segunda anualidad de los presupuestos participativos votados en 2016 y recogidos de forma plurianual en el presupuesto de 2017 y la creación de una partida plurianual para 2019 con 1.300.000 euros correspondiente a la segunda anualidad de los presupuestos participativos iniciados en 2017 y paralizados antes de la fase de votación ciudadana.
“Los presupuestos participativos son un instrumento que persigue la activación social y la implicación de la ciudadanía en la toma de decisiones, mediante la acción concreta de involucrar a los vecinos en el reparto de los fondos públicos, práctica de democracia participativa que está incluida tanto en el Código de Buen Gobierno del Ayuntamiento de Marbella como en el de la FEMP, y que se puso en marcha por primera vez en Marbella bajo los principios de universalidad, autorreglamentación y vinculación en 2016. Para esta primera experiencia se consignaron en los presupuestos municipales aprobados en 2017 un global de 2.000.000 de euros”, ha señalado Díaz.
“El Ayuntamiento de Marbella inició en el presente 2017 un segundo proceso de presupuestos participativos por el que se solicitaron propuestas a la ciudadanía para decidir 2 millones de euros en inversiones del presupuesto de 2018. Sin embargo, el gobierno surgido de la moción de censura en el pasado mes de agosto ha paralizado sin justificación ni resolución alguna este proceso en la previa a la fase de votación”, ha recordado Díaz, quien ha señalado que “la motivación de esta alegación es evidente, queremos que se devuelva a la ciudadanía de Marbella el derecho completo de decidir de manera directa sobre 2 millones de euros, no sobre 700.000 euros”.
Intermediación Hipotecaria
La concejala y viceportavoz de la formación, Victoria Morales, ha señalado que los presupuestos municipales de 2018 debería incluir “la cuantía de 59.290€ para la Licitación de la prestación del Servicio de Intermediación y acompañamiento Hipotecario y asesoramiento a ocupantes de viviendas propiedad de Entidades Bancarias, así como contemplar la misma cuantía para el siguiente presupuesto para que sea una prestación bianual, prorrogable por otros 2 años más”.
Para Morales resulta “incomprensible que el equipo de gobierno de PP y OSP haya renunciado a un servicio cuyo expediente ya estaba tramitado” y que se haya cambiado el objeto del servicio a través de un convenio con el Colegio de Abogados, “un Convenio que hemos solicitado por escrito para poder conocer los extremos del mismo y que no nos ha sido facilitado a día de la fecha”
“Entendemos que dicho acuerdo, según negociaciones con el propio Colegio de Abogados por parte del anterior equipo de gobierno, no goza de la amplitud de cobertura que daba esta licitación que estaba en trámite, limitándose pues este Convenio al simple Asesoramiento Jurídico a las familias en procedimiento judicial de desahucio, quedando fuera de la cobertura de dicho Convenio la mediación previa a la judicialización de los procedimientos de desahucio, la intervención directa con las entidades financieras y también quedaría fuera de la cobertura del servicio las familias ocupantes de viviendas pertenecientes a Entidades Bancarias además del acompañamiento directo a diferentes Instituciones para diferentes trámites relacionados con el procedimiento de desahucio como puede ser a Notarios, a Delegación de Hacienda etc. Además de no ser este servicio con el Colegio de abogados atendidos por turno de especializado en Intermediación hipotecaria por no existir dicho servicio en el Colegio”, ha criticado Morales.
Subvenciones Asociaciones
Izquierda Unida se ha mostrado muy dura con los nuevos procedimiento de concesión de subvenciones a entidades de carácter social y ha exigido en forma de alegación que “la Delegación de Derechos Sociales vuelva a cumplir la Ley General de Subvenciones, que se establezca como procedimiento ordinario para la concesión de subvenciones el régimen de concurrencia competitiva y que para la concesión de subvenciones de forma directa se justifique el carácter excepcional o se acrediten las razones de interés público, social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.
Esta alegación se formula en base a los preceptos legales para la concesión de subvenciones, establecidos en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, concretamente el artículo 22. “Procedimientos de concesión” que indica en su primer punto que el procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva y en su segundo punto “Podrán concederse de forma directa las siguientes subvenciones con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública”.
Centro Juvenil
La edil Morales ha recordado que “durante el curso 2016/17 los Consejeros municipales del Consejo de Infancia y adolescencia de Marbella vinieron trabajando diferentes propuestas que ellos consideraban necesarias para mejorar la calidad de vida de los jóvenes de nuestro municipio y que tras meses de trabajo de CMIA trasladaron al Pleno de Junio de 2107 de Infancia para su aprobación: la Creación de un Centro Juvenil. Dicha propuesta fue aprobada e inmediatamente después, los Consejeros del CMIA la presentaron como propuesta para los Presupuestos Participativos. Las propuestas a los Presupuestos participativos no han sido votadas y por lo tanto no se incluirán en los Presupuestos municipales para 2018”.
“El Centro juvenil podría realizarse en alguno de los locales con disponibilidad municipal y así se podría hacer con un coste lo más ajustado posible, para ello desde Izquierda Unida solicitamos incluir partida plurianual para que pueda en 2 años poder concluirse y puesta en funcionamiento del Centro juvenil, teniendo dicha partida asignada una cuantía total de 1.000.000€ para 2018 y la misma cuantía prevista para su consignación en 2019”, ha observado Morales.
“El próximo año el Ayuntamiento de Marbella tenemos que renovar el Sello con el que UNICEF reconoce a Marbella como Ciudad Amiga de la Infancia. Precisamente esta propuesta, llevada a los Presupuestos participativos para crear la conciencia cívica de los jóvenes era una de las apuestas innovadoras que trasladamos en el pasado Foro de Ciudades Amigas de la infancia celebrado en Junio 2017”, ha recordado Morales.
Accesibilidad universal
“Exigimos al ayuntamiento de Marbella que cumpla con la ley en materia de accesibilidad a través de los Presupuestos Municipales y que se incluya una partida presupuestaria de 500.000€ para ejecutar los proyectos resultantes de la elaboración del Plan de accesibilidad Universal de Municipio de Marbella”, ha recordado Morales, quien ha insistido en que “el pasado 4 de diciembre todos los edificios municipales debería ser accesibles por ley y ahora no lo son y si miramos los presupuestos municipales aprobados inicialmente por PP y OSP en 2018, tampoco lo serán”.
Comité de empresa
“Queremos dar voz al comité de empresa que van a presentar una serie de alegaciones que recogen distintas peticiones que ya habíamos aprobado todos los grupos políticos, sustanciada en que la acción social que viene recogida en el convenio es insuficiente puesto que hay 900 trabajadores más vinculados a la integración de las OALes que realizamos desde el anterior equipo de gobierno, es de justicia social dar cumplimiento a la totalidad del convenio colectivo en todos sus conceptos y así no generar discriminación, para ello hay que hacer dotación presupuestaria suficiente”, ha anunciado Morales.
